«No se puede pretender una pena de tres años por los graves ataques de los controladores de Penta al patrimonio fiscal»
Más de dos años de investigación, más de un millar de documentación falsa acumulada en 80 tomos, confesiones de imputados sobre delitos propios y ajenos, dicen los fiscales del caso Penta, Carlos Gajardo (C.G.) y Pablo Norambuena (P.N.), quienes además aseguran que se hizo un trabajo serio y que ninguna de las penas es desproporcionada.
«No se puede pretender una pena de tres años por los graves ataques de los controladores de Penta al patrimonio fiscal», advierten.
Eso, luego de las críticas que hicieron los defensores a la acusación presentada por los investigadores el martes último contra sus representados. Para Carlos Délano y Carlos Lavín, además del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, pidieron 10 años de cárcel.
-La defensa de los dueños de Penta calificó de desproporcionadas las penas solicitadas. Recordó que en una audiencia se habló de 15 años, ahora de 10, pero a su juicio no pueden ser más de 3 o 4 años.
P.N.: «El Código Procesal Penal, en estos casos, contempla la posibilidad de subir en uno o dos grados la pena. La prognosis de pena que hace la fiscalía se ajusta al juego de atenuantes, agravantes y reiteración tributaria. No se puede pretender una pena de tres años respecto de delitos tributarios reiterados, con la cantidad de documentación falsa, con los ataques al patrimonio fiscal que se han realizado y con la defraudación fiscal millonaria que se ha ejecutado por años por parte de las personas acusadas».
C.G.: «Es importante el tema de la magnitud. Además, las penas tienen relación con la defraudación tributaria que se ha provocado en esta causa. Junto con haber boletas y facturas para financiamiento político, hay otra serie de documentos falsos para pagar bonos o hacer retiros por parte de los controladores (de Penta), como lo son las boletas de las cónyuges. Pero también están los contratos forwards, que es algo que hasta acá no se ha descubierto en otra empresa, lo que hace que sea una defraudación extremadamente sofisticada».
-¿A cuánto asciende esa defraudación?
C.G.: «Hay distintos ítems en la defraudación. En el tema forwards, la defraudación completa son $2.400 millones; en el caso de bonos para los ejecutivos, son $1.000 millones; las boletas de las cónyuges, otros $340 millones. Sumadas, es una defraudación cercana a los $4.000 millones. Las distintas defensas han realizado rectificaciones y pagos de impuestos, con intereses y reajustes, que superan los $8.000 millones. Si uno quiere hacer comparaciones, el «Robo del siglo» son $6.000 millones; en esta causa, el Estado ha recuperado $8.000 millones».
-Sobre el soborno imputado, la defensa afirma que el delito no se configura y que los pagos de Penta al ex subsecretario de Minería fueron un error…
C.G.: «La acusación, lo que hace es imputar que un funcionario público, el señor (Pablo) Wagner, solicitó dinero a particulares, y hubo 14 pagos por $3 millones cada uno. La defensa desde un comienzo intentó justificar los pagos como producto de un finiquito; sin embargo, la fiscalía requirió a Banmédica el correspondiente finiquito, del 10 de marzo de 2010, y este da cuenta de que nada se deben las partes. No es real el argumento de que hay un finiquito pendiente.
«Lo que existió fue un pago de Penta de carácter bimensual mientras el señor Wagner fue subsecretario, y que cesa cuando deja el cargo, y -unido a esos pagos- existió una serie de conductas que el señor Wagner desplegó en favor de los controladores del Grupo Penta. Todas inadmisibles de realizar por un funcionario público que recibe dinero de un particular».
-Entre las defensas se habló también de una acusación débil, en la que se ofrece como testigos a imputados del caso.
P.N.: «Son más de dos años de investigación, una multiplicidad de testigos y de declaraciones, 80 tomos de indagatoria, una acusación que supera las 700 páginas con prueba suficiente para acreditar los delitos. Las defensas defienden un determinado interés, que son sus representados, pero cada vez que hicieron su argumentación sobre inexistencia de delitos ante los tribunales, mediante solicitudes de sobreseimiento, estos las desecharon. Pongo tres ejemplos: el señor (Santiago) Valdés, las dos cónyuges de los controladores, y también el señor (Carlos) Bombal. Y efectivamente, dentro de la lista de testigos existen imputados, porque durante esta investigación muchos imputados confesaron la comisión de ciertos delitos, la participación de otras personas en los mismos, y lo hicieron en presencia de policías. Entonces, pueden declarar los funcionarios policiales, pero también aquellas personas que finalmente no terminen en el juicio oral».
-¿Por qué no se le tomó declaración previa, ante un tribunal, al fallecido Hugo Bravo?
C.G.: «La fiscalía tomó la prevención de que en cada una de sus declaraciones participaran funcionarios de la policía, que han sido acompañados ahora como testigos en la acusación. La defensa, equivocadamente e ignorando normas expresas del Código Procesal Penal, ha insinuado que se podía haber solicitado una prueba anticipada, cosa que en los hechos no es posible, pues es una opción que el código solo establece para los testigos, no para los imputados».
-¿Por qué se decidió ir con un número tan alto de imputados a juicio oral? ¿Tuvo que ver su condición profesional, política, para no ofrecer otras salidas?
P.N.: «Caso a caso se podrá ver, en su momento procesal, que es la audiencia de preparación de juicio oral, si es que es posible o no una salida alternativa. Además, están pendientes solicitudes de reapertura de la investigación de distintas defensas».
-En el caso de los dueños de Penta se habló de un acuerdo. ¿Por qué no prosperó?
C.G.: «Respecto de lo que son conversaciones entre abogados, nos parece que no es correcto referirse a ello».
-¿En qué está la investigación de las otras empresas que surgieron en este caso? Como Ripley, entre otras.
C.G.: «La fiscalía separó investigación, y esta sigue abierta; pero para poder llevar adelante una investigación por delitos tributarios, es necesario que Impuestos Internos (SII) presente una denuncia o una querella. Nos parece que cuando se trata de una investigación de un delito tan grave, como defraudaciones tributarias, las normas debieran ser de acción penal pública. Pero lo que existe hoy es que para iniciar una investigación tributaria es requisito que existan denuncias o querellas del SII. Y respecto de los demás casos que están agrupados a esta investigación, hasta acá no han existido».
-¿La crítica, entonces, es para el SII?
C.G.: No es una crítica, es una constatación. La crítica que sí hacemos es a la legislación, pues no parece sensato que la persecución penal quede supeditada a la decisión de un órgano administrativo. Y esa situación se repite en los delitos tributarios, en los delitos electorales y en los delitos de colusión. En todos se exige que haya previamente una denuncia de una autoridad administrativa, lo que, a nuestro juicio, es una mala política de persecución».
-Desde Chile Vamos se ha acusado que la fiscalía no investiga con la misma fuerza causas que involucran a la Nueva Mayoría. ¿Qué responden a eso?
C.G.: «Estamos a cargo de la investigación del caso Penta, y en esa indagatoria, la fiscalía lo que ha hecho es perseguir a todas las personas que aparecen involucradas en estos hechos, sin hacer distinciones. Sobre otras indagaciones no podemos referirnos, porque no somos los fiscales a cargo».
El Mercurio, 18 Marzo 2017.
