Impuestos verdes
Si los impuestos verdes -tributos que afectan a fuentes contaminantes- son bien diseñados, pueden tener efectos sociales muy beneficiosos, al desincentivar la emisión de contaminantes, estimular la innovación tecnológica y reducir los costos de fiscalización en este ámbito.
Sin embargo, en la práctica la efectividad de las reformas tributarias verdes ha sido cuestionada. La evidencia de tales cambios tributarios en Alemania, Dinamarca, Finlandia y Suecia indica modestas reducciones de emisión de gases de efecto invernadero, aunque esas estimaciones suelen no incorporar los resultados de más largo plazo que pueden provocar, incluyendo la sustitución por tecnologías más limpias.
Chile no ha estado al margen de este debate, pues la última reforma tributaria contempló dos nuevos gravámenes de ese carácter: a las emisiones de fuentes fijas y a vehículos livianos más contaminantes (diésel). En la práctica, la primera medida implica que, a partir del 1 de enero del 2017, todas las empresas que cuenten con fuentes fijas específicas que en su conjunto sumen una capacidad instalada mayor a 50 megavatios térmicos (MWt) deberán cancelar un impuesto adicional por sus emisiones de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de carbono (CO2).
Si bien el diseño de ambas medidas ha sido criticado, el foco de los recientes cuestionamientos ha estado en el gravamen a las fuentes fijas. Estas han ido desde el potencial encarecimiento de la generación eléctrica hasta sus aspectos discriminatorios, al depender del tamaño de la capacidad instalada (50 MWt) como también de las fuentes específicas (solo afecta a calderas o turbinas). Adicionalmente, se han levantado dudas en torno a su efectividad, ya que durante los últimos años, y producto de la normativa vigente, la industria generadora, por ejemplo, ya ha realizado esfuerzos importantes en cuanto a reducir emisiones, por lo que un impuesto adicional sería poco efectivo.
El Ministerio de Medio Ambiente ha salido a defender los cambios tributarios argumentando objetividad e imparcialidad en el diseño. Sin embargo, las dudas técnicas existen, particularmente en lo relativo a las dificultades prácticas en la implementación del impuesto de fuentes fijas, incluyendo altos costos de monitoreo. La autoridad, entonces, debería realizar esfuerzos adicionales para demostrar la conveniencia de los nuevos impuestos a partir de un análisis de costo-efectividad.
Pero además, y en su afán de responder a las críticas, el Estado debería ampliar el ámbito de su defensa demostrando la real factibilidad de mejoras tecnológicas en los sectores afectados por los mayores tributos, porque, como siempre ocurre en el contexto de cambios tributarios, el impacto sobre la actividad económica en el corto y mediano plazo es minimizado en la medida que haya alternativas a las acciones o actividades gravadas. Esto es particularmente cierto en el caso de los impuestos verdes. Dada la necesidad local y mundial de avanzar hacia fuentes de energía más limpia, el éxito de este tipo de gravámenes pasa por una decreciente y no creciente recaudación, ya que, en último término, los incentivos deben estar puestos para que el sector productivo abandone las tecnologías más contaminantes; pero para que esto se produzca, es necesario asegurar la existencia de alternativas más limpias.
El Mercurio, 20 Diciembre 2016.
