Fiscalía separa arista de empresas distintas de Penta

Para la fiscalía, la decisión de dividir la causa de las aristas más nuevas tiene un objetivo: incluir a quienes aún no han sido formalizados en esta indagatoria por presunto financiamiento irregular de campañas políticas, pues el plazo máximo de investigación vence hoy.

Una decisión que adoptó el Ministerio Público luego que en la causa aparecieran mencionadas otras empresas.

«Todos aquellos imputados y personas que han sido denunciados, pero que no han sido formalizados, van a quedar en una causa distinta (…) vamos a dejar la causa madre de Penta a aquellos imputados formalizados», explicó el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra.

Con esto, los investigadores pueden seguir las indagatorias por eventuales aportes a campañas de Golborne y Bachelet.

La declaración de Tomás Carrasco Burgos -dueño de las empresas Siglo y VSA Ltda. y amigo del ex candidato presidencial Laurence Golborne- fue clave para abrir una nueva línea investigativa.

Según los antecedentes de la fiscalía, el empresario facilitó facturas falsas a Penta y otras firmas, tales como Ripley, Watts, CAP, Inversiones Caburgua, Inversiones Santa Virginia, Inmobiliaria Ecomac, GT Advisors, BCI, Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado.

Estas facturas suman $160 millones, a las que se deben agregar los $120 millones de Penta, que Golborne reconoció.

En el caso de ECCSA S.A., grupo controlador de Ripley Corp., se rectificaron pagos por $50 millones a Asesorías Credo Limitada, empresa proveedora de servicios de la campaña presidencial de Michelle Bachelet.

Es en esta nueva arista investigativa que declaró Giorgio Martelli, también imputado en el caso SQM.

Este aseguró que los $50 millones que Ripley Corp. pagó a Credo «podrían haber tenido que ver con financiamiento para la campaña presidencial de Michelle Bachelet, pero no me consta tampoco».

Golborne al TC

El lunes 27 de febrero, el abogado Carlos Cortés -defensor del ex ministro Laurence Golborne, ya formalizado en la causa- ingresó al Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inaplicabilidad alegando inconstitucionalidad contra el delito de infracción a la Ley de Donaciones por el que el Servicio de Impuestos Internos se querelló en su contra. El TC deberá resolver si paraliza o no la causa mientras se tramita el requerimiento.

El Mercurio, 4 Marzo 2017.