Dueños de Penta arriesgan multas de hasta 300% de lo eludido y penas de cárcel efectiva

Multas del 300% de los impuestos eludidos y penas de cárcel arriesgan los dueños de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, en el juicio oral de la investigación por delitos tributarios, cohecho, entre otros, relacionados con el financiamiento irregular de campañas políticas.

La misma pena de 10 años pidió el Ministerio Público para ex subsecretario de Minería Pablo Wagner.

Ayer, a última hora de la tarde, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena presentaron la acusación contra los imputados en el caso ( ver recuadro ) ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.

La demora se debió a que estaban a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional (TC), el que finalmente desechó (4-1) el requerimiento del ex presidenciable de la UDI, Laurence Golborne, formalizado por facilitación de facturas falsas, que mantenía suspendido el procedimiento en su contra y permitió su inclusión en el escrito.

“El Ministerio Público no ha formalizado a Laurence Golborne por el precepto legal que aquí se viene a impugnar (art. 64 de la Ley de Donaciones), la acusación que formule en su momento el Ministerio Público tampoco se va a fundar en dicha norma”, afirmó el director de la Unidad de Recursos Procesales y Jurisprudencia de la Fiscalía Nacional, Pablo Campos, quien alegó ante el TC.

Para el ex ministro de Minería, los investigadores también solicitaron multas y una pena de cuatro años.

Hace poco días la defensa de los dueños de Penta ( ver nota relacionada ) había solicitado una certificación al tribunal de garantía, donde se tramita la causa, invocando una norma de la Ley Orgánica del TC, que regula la presentación de acciones de inaplicabilidad en esa sede, la misma que pidió Golborne como gestión previa antes de recurrir a esa magistratura.

Poco antes de las 20:00 horas, el fiscal Norambuena confirmó la presentación de la acusación, donde se incluye un listado de “36 personas naturales más 4 personas jurídicas”, con penas que van de 541 días a los 10 años, por delitos tributarios, de cohecho y lavado de dinero, dependiendo el caso. Del total de acusados, siete son políticos.

Agregó que “la acusación contempla pruebas testimoniales, importante evidencia documental, también evidencia material y peritos que establecen fundamentalmente los perjuicios que han ocurrido”.

El Mercurio, 15 Marzo 2017.